Mientras la ciudad de Cap-Haïtien sigue soportando el peso de carreteras destruidas y un abandono evidente de los servicios públicos, Emmanuel Vertilaire reaparece en la escena pública, no para rendir cuentas, sino para repartir exigencias.

En una nota fechada el 30 de abril de 2026, el exconsejero presidencial adopta un tono grave, casi paternalista, para denunciar la inacción del Estado frente a las reivindicaciones populares. Pide seguimiento de los fondos públicos, exige rendición de cuentas e interpela a distintos ministerios. Una postura que, a primera vista, podría parecer la de un hombre de Estado preocupado por el bien común. Sin embargo, esa actitud plantea una pregunta sencilla: ¿dónde estaba ese mismo rigor cuando él estaba en el poder?

El propio documento lo recuerda de manera implícita: durante su paso por el CPT, se habían liberado fondos para la rehabilitación de varias vías estratégicas de Cap-Haïtien. No obstante, hasta el día de hoy, esas carreteras siguen en un estado crítico, alimentando la indignación de los habitantes y las movilizaciones en las calles.

Resulta entonces difícil ignorar la distancia entre las promesas de ayer y la indignación de hoy. Más inquietante aún, Emmanuel Vertilaire parece haber descubierto, una vez fuera del poder, las virtudes de la transparencia y la responsabilidad pública, como si esas exigencias fundamentales solo debieran aplicarse a los demás.

Esta aparición mediática se produce en un contexto muy particular: el exconsejero presidencial trabaja actualmente en la estructuración de un nuevo proyecto político. Una ambición que da a su discurso un tono menos cívico que estratégico. Porque es difícil no ver en ello un intento de reposicionamiento, en un momento en que la desconfianza hacia la clase política alcanza niveles históricos.

El problema es que la memoria colectiva no desaparece tan fácilmente. Los ciudadanos de Cap-Haïtien, enfrentados cada día al deterioro de sus infraestructuras, esperan algo más que declaraciones. Esperan explicaciones.

En un país donde la impunidad sigue siendo la norma, la credibilidad política no puede reconstruirse únicamente a base de comunicados indignados. Empieza, ante todo, con un ejercicio simple, aunque demasiado raro: rendir cuentas sobre la propia gestión.

De lo contrario, los llamados a la responsabilidad suenan vacíos.
Y las ambiciones políticas, prematuras