Un verdadero golpe recibió la Iglesia Episcopal de Haití, institución que reclamaba la liberación de sus miembros, incluidos sacerdotes y laicos detenidos en el marco del caso de tráfico de armas y municiones vinculado a la entidad religiosa. La Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe dictó un fallo trascendental mediante el cual remite a los imputados a juicio ante el tribunal penal, al considerar que existen indicios y cargos suficientes en su contra. Los religiosos, el exministro de Finanzas Michel Patrick Boisvert, el exdirector de la Administración General de Aduanas Julcène Edouard y los demás implicados ya conocen sus respectivas acusaciones.
A través de esta decisión pronunciada el 27 de abril de 2026, el tribunal de apelación revocó la orden emitida el 29 de septiembre de 2023 por el juez de instrucción y ordenó el envío de varios acusados ante el tribunal penal, que sesionará sin asistencia de jurado, para responder por diversas infracciones penales. En su fallo, la corte declaró admisibles los recursos de apelación presentados tanto por el comisario del gobierno ante el tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe como por los acusados Johny Docteur, Dieuné Day, Rubens Vilmont y Sikhumbuzo Vundla. No obstante, rechazó la petición del ministerio público y de Michel Patrick Boisvert para aplicar el decreto del 17 de diciembre de 2025 sobre la Alta Corte de Justicia, dictaminando que dicho texto no se ajustaba a la ley. Asimismo, confirmó la constitución de parte civil de la Iglesia Episcopal de Haití, representada por el padre Ricot Geffrard.
Los jueces de apelación reprocharon al magistrado instructor la omisión de diligencias esenciales para el esclarecimiento de la verdad, especialmente respecto a las sospechas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras constatar la regularidad de la ampliación de información ordenada, la corte rectificó la calificación jurídica del primer juez sobre las divisas incautadas; determinó que no se trataba de “introducción de moneda falsa” en el sentido inicial, sino de “introducción de monedas extranjeras falsificadas en Haití”.
Entre los principales encausamientos, el tribunal confirmó el envío de los prófugos Rémy Lindor, Fernand Jean-Pierre, Isaac Alerte y Franklin Baptiste ante el tribunal penal por tráfico ilegal de armas de fuego y municiones, contrabando, introducción de moneda extranjera falsificada y asociación de malhechores. También remitió a juicio a Jude P. Louis, Johny Docteur, Trevol Moïse, Gina Jean-Louis, Frantz Cole, Fritz Désiré, Sikhumbuzo Vundla, Evens Souffrant y Jean Vernet Marcellus por complicidad en estos mismos delitos, además de falsificación y uso de documentos privados falsos.
Los magistrados retuvieron cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Johny Docteur, Trevol Moïse, Jude Alain Louis y René Prévilon. El exdirector general de la Administración General de Aduanas, Julcène Édouard, también irá a juicio penal por lavado de capitales y enriquecimiento ilícito. Michel Comeau, el exministro de Finanzas Michel Patrick Boisvert, Andreline Theresias Édouard, Stevenson Lewy, Johnny Merdinord, Louis Renel Charles, Pierre Serge Domerçant y Jean Ralph Garcia, entre otros, deberán responder por acusaciones vinculadas a lavado, tráfico de armas, contrabando o falsificación de documentos.
Por otra parte, la corte estimó que los elementos eran insuficientes para mantener ciertos cargos. Todos los acusados se beneficiaron de un sobreseimiento parcial por el delito de financiamiento del terrorismo debido a la falta de pruebas. Ronald Docteur, Dianika Jules, Kleberson Jean-Baptiste, Steeve Jean, Jean Mardoché Vil, Gérard Remplais y Jean Marie Jean Gilles quedaron totalmente absueltos de los cargos de tráfico de armas, contrabando, falsificación, asociación de malhechores y lavado. Se aclaró además que la acusación de enriquecimiento ilícito no procedía contra imputados como Gina Jean-Louis, Frantz Cole, Fritz Désiré, Alland Dolcé o Rémy Lindor, al no probarse su condición de gestores de fondos públicos. Solo Jean Ralph Garcia sigue acusado por este delito, mientras que Alland Dolcé irá a juicio por lavado de activos.
Finalmente, los magistrados mantuvieron las medidas cautelares de congelamiento sobre cuentas que suman 142,070,298.34 gourdes y 2,023,303.19 dólares estadounidenses, pertenecientes a varios de los procesados. El tribunal ordenó la captura e ingreso en prisión de todos los acusados que no se encuentren detenidos antes de remitir el expediente al ministerio público para los fines legales correspondientes. El fallo fue dictado en audiencia pública extraordinaria por los magistrados Noé Pierre-Louis Massillon, Denise Papillon y Toussaint Adouis, con la presencia del comisario del gobierno Claude Jean y el secretario Fleurimond Jean.
