En medio de los intensos enfrentamientos registrados a mediados de mayo en la llanura de Cul-de-Sac (al norte de Puerto Príncipe) entre diversas bandas armadas, un video de poco más de un minuto difundido en redes sociales ha encendido las alarmas en Haití, la República Dominicana y los Estados Unidos. En la grabación, el líder pandillero Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou —buscado por el FBI—, aparece fumando un cigarro con actitud desafiante mientras filma cerca de una treintena de fusiles de asalto M4 almacenados en una habitación. Es una de las primeras veces que un jefe criminal exhibe tal cantidad de armas de un mismo calibre (5.56 mm), suficiente para equipar a una unidad táctica policial completa.
Fuentes de seguridad bajo condición de anonimato expresaron su profunda preocupación ante la sospecha de que estas armas provengan directamente de los arsenales estatales de la República Dominicana. Este temor coincide con las conclusiones del Grupo de Expertos de la ONU en su informe de 2025, el cual denunció la existencia de redes de militares y policías dominicanos corruptos que desvían municiones y armamento hacia Haití. Como prueba de ello, las investigaciones de la ONU citan la incautación en 2024 de 5,000 cartuchos fabricados por la empresa italiana Fiocchi que pertenecían a un lote oficial entregado a la Policía Nacional dominicana. A raíz de este escándalo, el gobierno dominicano realizó un inventario en octubre de 2024 que reveló el millonario robo de más de 900,000 proyectiles, lo que dio pie a la destitución y arresto de altos mandos, incluyendo al coronel a cargo del Departamento de Armas, mediante la denominada Operación Pandora.
El contrabando se ve favorecido por la extrema porosidad de la frontera, la cual cuenta con más de 110 pasos clandestinos y rutas lacustres bajo el control de brigadas civiles armadas que operan con total impunidad. Mientras Lanmò San Jou acumula recursos financieros mediante la extorsión de camiones de mercancías, los esfuerzos del Estado haitiano para asegurar la frontera continúan paralizados. El contrato de infraestructura aduanera con el consorcio Evergreen y ENSE Group se encuentra suspendido debido a la falta de garantías bancarias para un avance de 13 millones de dólares, dejando a agencias como la Polifront y a las Fuerzas Armadas (FAd’H) en una situación de extrema precariedad logística y de personal.
Los efectos colaterales de esta guerra de pandillas son devastadores: la ONU reportó al menos 390 muertos entre marzo y mayo de 2026 en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) censó a más de 10,000 nuevos desplazados internos en apenas cinco días. Ante la crisis, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anunció que el gobierno decretó la “permanencia de seguridad nacional”, estableciendo reuniones estratégicas semanales entre la policía, el ejército y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) para coordinar ofensivas conjuntas, al tiempo que se recurre al apoyo de una empresa militar privada. Sin embargo, analistas advierten que cualquier ofensiva será estéril si no se logra bloquear de manera efectiva la cadena de suministro de municiones que alimenta el arsenal de las bandas.
