La Corte Superior de Cuentas y del Contencioso Administrativo (CSCCA) cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su último informe de auditoría por el incumplimiento de la Ley del 4 de mayo de 2016 sobre el proceso de elaboración y ejecución de las leyes de finanzas (LEELF). El tribunal financiero señaló que el informe presentado por el ministerio se limita a reflejar la ejecución presupuestaria, omitiendo de forma sistemática los elementos constitutivos de las Cuentas Generales del Estado —tales como el balance general, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo y la evaluación de compromisos fuera de balance— exigidos por los artículos 57-b y 96 de dicha legislación.
En el apartado de ingresos, la CSCCA valoró de forma positiva el desempeño de las recaudaciones domésticas al 30 de septiembre de 2025. Las aduanas alcanzaron un notable 92.04% de cumplimiento, los impuestos internos un 90.16% y los ingresos petroleros superaron las expectativas con un 102.56%. Las rentas corrientes representaron el principal motor de financiamiento público, cubriendo más del 82% de los recursos totales devengados. Sin embargo, la Corte advirtió que la recaudación global quedó por debajo de las previsiones iniciales (74.62%), obligando al Estado a emitir Bonos del Tesoro por valor de 17,110 millones de gourdes para cubrir tensiones de tesorería a corto plazo. Asimismo, el informe destacó el fuerte desfase macroeconómico del ejercicio: la meta de inflación fijada en el 19.1% se desbocó hasta alcanzar el 31.9% al cierre del año fiscal, según datos del Banco de la República de Haití (BRH).
Respecto a los gastos, las cuentas públicas arrojaron un superávit presupuestario de base de 14,970 millones de gourdes, cifra que se transformó en un déficit global de 2,740 millones tras incorporar las operaciones de financiamiento. Aunque el gasto en programas y proyectos de inversión pública experimentó un avance significativo en comparación con el año anterior —pasando del 14.36% al 40.52% de ejecución—, la institución fiscalizadora lo consideró insuficiente ante las profundas necesidades de reactivación económica del país. El punto más crítico de la evaluación se centró en los subsidios y transferencias corrientes, rubro que se duplicó al registrar un incremento del 97% interanual. La Corte denunció la total opacidad en torno a estos fondos públicos, debido a que el MEF no aportó indicadores ni padrones que permitan constatar su impacto social, cobertura o beneficiarios reales.
Ante estas deficiencias, la CSCCA emitió un pliego de recomendaciones clave que insta al Poder Ejecutivo a intensificar la fiscalización en las aduanas (AGD) y la dirección de impuestos (DGI) para blindar la autonomía financiera nacional. Igualmente, urgió a agilizar la burocracia que frena la inversión en infraestructura, a transparentar la entrega de subsidios mediante la publicación detallada de criterios y beneficiarios, y a priorizar programas de protección social focalizados que mitiguen el severo deterioro del poder adquisitivo y el incremento de la inseguridad alimentaria en la población.
