El enfrentamiento político entre el Consejo Electoral Provisorio (CEP) y la Primadura de Haití ha escalado a un escenario de abierta hostilidad institucional. El miércoles 3 de junio de 2026, el Consejo de Ministros formalizó mediante un decreto presidencial el nombramiento de Uder Antoine como nuevo director general del CEP. La respuesta del órgano electoral fue inmediata: mediante una resolución oficial respaldada y firmada por ocho de sus nueve integrantes, el consejo revocó el contrato laboral de Antoine como director ejecutivo y le prohibió de forma terminante el ingreso a cualquier sede o instalación de la institución.
Hasta antes de este nombramiento, Antoine gozaba de la plena confianza de los consejeros electorales, habiendo coordinado durante los últimos dos meses la redacción de las propuestas del presupuesto técnico y los borradores normativos. Sin embargo, el CEP consideró una falta grave y una vulneración a la confianza institucional el hecho de que Antoine aceptara la designación del Gobierno, la cual se fundamentó legalmente en el controvertido decreto electoral del 2 de junio elaborado unilateralmente por la Primadura. En la resolución de destitución, el consejo exige la devolución inmediata de todo el equipo logístico y los materiales institucionales en posesión del exfuncionario.
Este nuevo choque profundiza la fractura expuesta el pasado martes, cuando la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé anunció una supuesta “convergencia de visiones” con el poder electoral, afirmación que fue desmentida de forma categórica horas más tarde por el CEP al catalogar el marco normativo del Ejecutivo como inconstitucional. Con esta guerra de decretos y resoluciones, el proceso de transición democrática y la planificación del calendario para los próximos comicios generales en Haití entran en una fase de total parálisis e incertidumbre jurídica.