A través del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones, el Primer Ministro y sus aliados han manifestado su voluntad de introducir cambios en la Constitución. Para materializar este deseo, Alix Didier Fils-Aimé ya modificó el mandato del Consejo Electoral Provisional (CEP) y logró la modificación del decreto electoral. Sin embargo, nadie sabe aún cuál será la naturaleza de estas modificaciones a la Ley Madre ni quién estará a cargo de realizarlas.

Desde las elecciones de 2016, todos los dirigentes que se han sucedido al frente del país, electos o no, han manifestado su deseo de cambiar la Constitución: el presidente Jovenel Moïse, el Primer Ministro Ariel Henry, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y, ahora, el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé. En cada ocasión, el proyecto no llegó a madurar. Bajo la administración del CPT, el Comité de Pilotaje llegó incluso a presentar lo que debería ser la nueva Constitución; no obstante, el Consejo Presidencial tuvo que abandonar tanto el proyecto como al Comité de Pilotaje que había nombrado.

En el acuerdo político (Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones) firmado entre el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, actores políticos y miembros de la sociedad civil, estos protagonistas han vuelto a incluir en la agenda política los cambios a la Constitución, pero esta vez con muchas más ambigüedades. Los artículos 12, 13 y 14 del acuerdo político de la era Fils-Aimé están dedicados a estas modificaciones de la Ley Madre. «Las partes signatarias acuerdan proponer, en este período de excepción, un número limitado de cambios a la ley madre sobre la base del consenso alcanzado en la sociedad, con el fin de mejorar la gobernanza y garantizar un funcionamiento armonioso del aparato estatal».

Los firmantes del acuerdo político indican que «las modalidades de implementación de los cambios antes mencionados se determinarán, de común acuerdo, entre el poder vigente y las fuerzas vivas del país, sean signatarias o no del presente Pacto. Estos cambios serán obligatoriamente sometidos a ratificación popular durante la primera vuelta de las próximas elecciones. En caso de un voto favorable a estos cambios, el Gobierno interino tomará las disposiciones necesarias para hacerlos ejecutivos».

Aunque el gobierno modificó el mandato del CEP para incluir en su misión estos cambios constitucionales, el proyecto de decreto electoral no aporta mayores precisiones sobre la naturaleza de las modificaciones a la Carta Magna del país. Según el artículo 71.1 del proyecto de decreto electoral, «la consulta popular sobre un número limitado de cambios en la Constitución se llevará a cabo durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas».

El artículo 239.1 añade: «En el marco de la consulta popular sobre los cambios propuestos en la Constitución, la boleta de votación tendrá como título: “REPÚBLICA DE HAITÍ: PROPUESTA DE CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN” e incluirá la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted los cambios propuestos en la Constitución? Èske w dakò ak chanjman sa yo nan Konstitisyon an?”. Contendrá dos (2) casillas: 1. Una de color verde con la mención: “Sí / Wi”; 2. La otra de color blanco con la mención: “No”».

En el marco de la consulta popular sobre los cambios propuestos a la Constitución, precisa el artículo 261.1 del proyecto de decreto electoral, «solo serán válidas y contabilizadas para los resultados las boletas de votación marcadas con una cruz o cualquier otro signo que indique, de manera inequívoca, la intención del ciudadano de votar en la casilla “Sí / Wi” o “No”».

Ni el Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones, ni el proyecto de decreto electoral, ni el decreto que modifica la misión del Consejo Electoral explican estos famosos «cambios» en la Constitución evocados por los actores políticos. Si bien la denominación de «cambios a la ley madre» sugiere que los actores no pretenden cambiar la Constitución en su totalidad —como era el caso bajo el Consejo Presidencial de Transición—, nadie es capaz de decir qué artículos están afectados ni quién estará encargado de trabajar en dichas modificaciones.

Sin embargo, es pertinente destacar que el Primer Ministro, en sus declaraciones públicas, promete el restablecimiento de la seguridad y la organización de elecciones, pero no evoca, o jamás menciona, estos «cambios» a la Constitución; un referéndum cuyo nombre ni Alix Didier Fils-Aimé ni ninguno de sus aliados signatarios del Pacto se atreven a pronunciar, prefiriendo hablar simplemente de cambios a la Ley Madre.

Paralelamente a los preparativos para las elecciones, los cambios a la Constitución requieren la elaboración de un documento, la realización de debates, así como varios meses de campaña de comunicación para permitir que la población tome conocimiento de ellos antes de la votación. A mediados de mayo, impera un apagón total sobre estas modificaciones anunciadas en la Constitución. Además, a medida que pasan los días, se complicará más la organización de las elecciones para este año, tal como lo desean el Primer Ministro y el CEP.