El reciente establecimiento de las cortes especializadas en crímenes de masa, violencia sexual y delitos financieros complejos —inauguradas el pasado 27 de mayo tras su creación legal en abril de 2025— ha desatado una fuerte controversia institucional. Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), expresó serias reservas durante su intervención en el programa de radio Panel Magik este viernes 29 de mayo de 2026. La activista denunció que el proceso de selección implementado por el Poder Ejecutivo carece de la debida transparencia y arriesga la credibilidad de estas nuevas instancias judiciales.

Entre las principales objeciones del organismo civil destaca la nominación de funcionarios con antecedentes controvertidos en el ejercicio procesal. Ducéna citó específicamente el caso del magistrado Jean Michel Raymond, severamente cuestionado en 2015 por su gestión en el expediente de Woodly Ethéart (alias Sonson La Familia) y Lionel Nelfort (alias Lionel Le Récif), un caso de secuestro de alto perfil que culminó con la exoneración de los imputados bajo el mandato del juez Lamarre Bélizaire. Asimismo, la representante de derechos humanos criticó que en la nómina de 25 seleccionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) figuren abogados en ejercicio que no pertenecen a la carrera judicial, una irregularidad omitida por el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). El RNDDH ya ha enviado requerimientos formales a ambas dependencias exigiendo la aclaración de los criterios de selección.

La organización civil manifestó además su preocupación por el hecho de que los jueces nominados participaran formalmente en el acto de inauguración de las sedes judiciales sin haber completado aún el proceso obligatorio de certificación del CSPJ, lo que envía un mensaje de impunidad a la ciudadanía. Ducéna extendió sus críticas a la decisión de someter los nuevos polos bajo la tutela del decanato del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, encabezado por el juez Bernard Saint-Vil, a quien reprochó una histórica inacción frente a los 68 crímenes de masa documentados por el RNDDH entre 2018 y 2026, así como la bajísima tasa de resolución de los expedientes de corrupción remitidos por la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC).