Con el propósito de articular una respuesta colectiva frente a la crisis multidimensional que afecta al país, el Gobierno haitiano y los principales representantes de las comunidades de fe inauguraron la Conferencia Nacional de Líderes Religiosos por la Paz, la Estabilidad y el Civismo. El evento, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos bajo el patronazgo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, se desarrolla los días 28 y 29 de mayo de 2026 en las instalaciones del hotel Royal Oasis, en Petion-Ville. El encuentro destaca por su carácter ecuménico e interreligioso, reuniendo a figuras clave como Erol Josué en representación del sector vudú, el profeta Mackenson por el sector protestante, y el párroco de la iglesia de Christ-Roi, Brillère Aupont, por la Iglesia católica.

Durante la sesión de apertura, el primer ministro Fils-Aimé ofreció un diagnóstico severo sobre el estado de la nación, advirtiendo que la coyuntura actual trasciende los problemas logísticos de seguridad. «La crisis que atravesamos no es únicamente de seguridad, económica o social; es una crisis profunda que quiebra la confianza entre los ciudadanos, debilita los lazos fraternos y amenaza la seguridad nacional», afirmó el jefe de Gobierno, instando a los prelados a deponer rivalidades doctrinarias para convertir la fe en un motor de cohesión social. En sintonía, la canciller Raina Forbin sostuvo que ningún proyecto de reconstrucción nacional puede resultar sostenible si se margina la autoridad moral y humana de las instituciones religiosas del país.

El plan de acción propuesto por el Ejecutivo contempla la creación formal de un “Marco Nacional de Diálogo Interreligioso”, diseñado específicamente para implementar programas de reinserción socioeconómica dirigidos a jóvenes vulnerables o cooptados por la violencia urbana. Para ello, la conferencia estructuró cuatro mesas técnicas enfocadas en la prevención de la violencia, la atención integral a las víctimas, alternativas de desarrollo y educación ciudadana. No obstante, analistas locales señalan el marcado contraste entre la retórica de pacificación del foro y la realidad del terreno, donde departamentos como Artibonito y el Centro siguen bajo el yugo de las bandas armadas, lo que obligará al Gobierno a refrendar estos acuerdos con resultados operativos inmediatos para devolver la credibilidad a la población.