El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes 25 de mayo de 2026 las discusiones formales con el Consejo Electoral Provisional (CEP) para evaluar el presupuesto de las próximas elecciones; sin embargo, la institución electoral sigue a la expectativa de una resolución oficial por parte del Poder Ejecutivo respecto al marco legal del proceso. Fuentes internas del CEP confirmaron a Le Nouvelliste que el Gobierno de transición no ha sostenido ninguna reunión de concertación con los consejeros sobre el borrador del decreto electoral, lo que mantiene paralizada la publicación del calendario definitivo de los comicios.

Actualmente, los miembros del órgano electoral solo reconocen validez jurídica al proyecto de decreto que ellos mismos enviaron al Ejecutivo hace poco más de un mes. La aclaración surge a raíz de la reciente filtración en redes sociales de una propuesta alternativa atribuida al entorno político del primer ministro-presidente, Alix Didier Fils-Aimé, la cual ha generado fuertes suspicacias de intervencionismo. «Si el Ejecutivo tiene objeciones o modificaciones que hacer, debe plantearlas formalmente. Hasta la fecha, el CEP no ha tenido ningún intercambio con el Gobierno en ese sentido», precisó un consejero electoral al citado diario.

En contraste con el estancamiento legal, las mesas de trabajo técnicas registraron avances significativos en la revisión de las partidas presupuestarias. Para afinar los costos operativos, se acordó la creación de una comisión mixta integrada por especialistas del MEF y del CEP. Los representantes electorales recordaron que este presupuesto difiere drásticamente de los ejercicios de 2015 y 2016, debido a que el país ya no cuenta con el respaldo logístico de la MINUSTAH ni con el financiamiento directo de agencias como la USAID. Asimismo, señalaron que el encarecimiento global del combustible en la última década, los planes de modernización para actualizar el padrón electoral, la descentralización de las oficinas de tabulación de votos y el histórico despliegue técnico para permitir el sufragio de la diáspora en el extranjero justifican las necesidades financieras de la institución. Cabe recordar que el primer borrador de 250 millones de dólares y una contrapropuesta posterior de 225 millones fueron calificados previamente como “inaceptables” por Fils-Aimé, por lo que estas nuevas sesiones buscan consensuar una reducción sustancial de los costos.