En reacción a las últimas cifras publicadas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) sobre el número de muertos y heridos durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo contra las bandas armadas en Haití, especialmente en ataques con drones que, según se informa, a veces son realizados por una empresa militar privada, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
«El uso de drones armados en zonas urbanas densamente pobladas sienta un precedente preocupante en Haití y expone a la población, en particular a los niños, a un peligro directo. Es probable que dé lugar a ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades haitianas deben impedir su uso ilegal y aclarar quién despliega estos drones y bajo qué marco jurídico».
En una declaración pública, Amnistía Internacional denunció que esta nueva forma de violencia agrava la crisis que ya golpea duramente a la infancia en Haití. Según el informe que la organización publicó en febrero de 2025, los menores son reclutados por bandas criminales, víctimas de violencia sexual y homicidios, y privados de acceso a la educación, a la atención médica y a la protección más elemental.
«Utilizar drones armados de manera indiscriminada contra niños es estremecedor y de una gran crueldad», afirmó Ana Piquer. «El Estado haitiano debe proteger a los niños y no exponerlos a nuevas formas de violencia mediante el recurso de tecnologías letales. Mientras los recursos se dedican a la militarización, millones de niños viven con miedo, pasan hambre y no pueden ir a la escuela. Es necesario situar la protección de la infancia en el centro de cualquier respuesta a la crisis que atraviesa el país».