La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) denunció enérgicamente el fallo emitido el 19 de noviembre de 2025 por la Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe a favor de Romel Bell, exdirector de la Administración General de Aduanas (AGD). En un informe severo, la organización calificó la decisión de «parodia judicial» y exhortó al Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) a investigar a los magistrados responsables. El caso involucra acusaciones graves de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y enriquecimiento ilícito, con un patrimonio no justificado que supera el 748 % de sus ingresos legales.
Aunque el juez de instrucción Jean Wilner Morin había ordenado el juicio de Bell, su esposa Anna Dorvil Bell y el reverendo Duckens Augustin en 2024, la corte de apelaciones anuló dicha orden alegando irregularidades de forma, específicamente la falta de una firma conforme. El RNDDH sostiene que la corte actuó ultra petita (otorgando más de lo pedido) y usurpó funciones de la Corte de Casación al anular el proceso en lugar de examinar el fondo o solicitar una instrucción suplementaria.
La organización también criticó la “negligencia” de la fiscalía por no presentar un recurso de casación contra este fallo, lo que, según el RNDDH, representa un golpe fatal a la lucha contra la corrupción. Las investigaciones originales de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción (ULCC) revelaron cuentas bancarias ocultas, vehículos de lujo y el presunto uso de fondos destinados a niños vulnerables a través de la organización Renmen Timoun para fines personales del matrimonio Bell.