Desde principios de año, las señales enviadas hacia Solino se han multiplicado. El 26 de marzo, la ministra de Planificación y Cooperación Externa, Sandra Paulemon, recibió a los representantes del proyecto «Regreso al Barrio – Solino», como continuación de una hoja de ruta trazada por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé. El 17 de abril, una delegación interministerial encabezada por el ministro de Juventud, Deportes y Acción Cívica, Pythagore Dumas, recorrió la zona acompañada de técnicos de la DINEPA, la Alcaldía de Puerto Príncipe y la Protección Civil, con el fin de proceder a una evaluación de los daños y orientar las intervenciones. En la prensa, empiezan a circular cifras: mil viviendas por reconstruir, varios miles de jóvenes por formar en los oficios de la construcción. Se han anunciado farolas. Existe una voluntad gubernamental. Eso ya es algo.

Queda la pregunta que ninguna visita, ningún anuncio y ningún comunicado ha planteado todavía claramente: ¿sabemos lo que estamos emprendiendo?

La tentación es responder que sí, porque el vocabulario parece familiar. Reconstruir tras un desastre, Haití lo ha hecho, o mejor dicho, lo ha intentado, en 2010 y en los años siguientes. El campo de la reconstrucción post-catástrofe es un terreno balizado, con sus manuales, sus indicadores, sus donantes especializados, su doctrina probada. Se evalúan los daños, se movilizan los recursos, se reconstruye, se relanzan los servicios, se acompaña el retorno de las poblaciones. La gramática es conocida. El problema es que esta gramática no se aplica a lo que le ocurrió a Solino. Un terremoto, una inundación, un incendio: estos eventos comparten una característica decisiva. Golpean un tejido, pero dejan intacto lo que no es de piedra y chapa. Los vecinos siguen siendo los vecinos. La panadera aún sabe a quién dar crédito. El chófer de tap-tap todavía conoce el nombre de los niños que ha visto crecer. El contrato tácito de coexistencia que mantenía unido al barrio antes de la catástrofe persiste entre los escombros. El cemento, cuando regresa, se asienta sobre un sustrato que ha sobrevivido. Es esta continuidad invisible la que hace posible la reconstrucción en el sentido en que habitualmente se entiende. No es una creación, es una reparación.

Solino no se encuentra en esta situación. Lo que le ha ocurrido no es un desastre, es un desalojo. Una violencia organizada, llevada a cabo por la coalición Viv Ansanm tras casi dos años de presión, ha expulsado a los habitantes de sus casas, ha incendiado las construcciones, ha saqueado los bienes, ha borrado, paso a paso, los rastros materiales de una vida colectiva. Pero ha hecho más. Ha dispersado a la gente. Ha roto las cadenas de vecindad. Ha obligado a cada uno a marcharse solo, rápido, sin avisar a los demás, porque avisar era ponerse en peligro. Cuando hoy se contempla el retorno, no es un barrio dormido lo que se busca despertar. Es una población dispersa de la que ya nadie sabe exactamente quién es, dónde vive, qué quiere.

No tenemos, en el lenguaje corriente, una palabra para designar lo ocurrido. «Desplazamiento forzado» suena demasiado administrativo, «limpieza» está políticamente cargado, «desalojo» sigue siendo demasiado civil. Esta carencia léxica no es un detalle. Mientras un fenómeno no se nombre adecuadamente, la respuesta que se le opone sigue siendo, por defecto, la que se aplica al fenómeno vecino mejor nombrado. Y el fenómeno vecino mejor nombrado, en materia urbana haitiana, es la catástrofe natural. Se extrae su gramática, se aplica, y no se ve lo que falla.

Lo que falla es que la materia prima de la reconstrucción de Solino no es primero el hormigón. Es el tejido humano que ha sido deshecho. No es una cuestión sentimental, es una cuestión operativa. Reconstruir mil viviendas para una población de la que aún no se sabe quién querrá volver, cuántos, en qué condiciones, es correr el riesgo documentado de producir un barrio-dormitorio que sus propios habitantes abandonarán en cuanto puedan. Esto se ha visto en otros lugares, en contextos comparables, cada vez que se ha tratado la reconstrucción como un problema de oferta de viviendas.

Hay que añadir algo que complica aún más la lectura: el Solino de antes no era un óptimo a restaurar. Ya era una zona de pobreza concentrada, de construcciones anárquicas, de servicios básicos ausentes, de agua que no llegaba, de electricidad que parpadeaba, de escuelas que apenas funcionaban. La ausencia de un catastro fiable, la ocupación de terrenos no edificables, el hacinamiento en las pendientes y al borde de las barrancas habían producido pacientemente, a lo largo de las décadas, una vulnerabilidad cuya captura por las bandas ha sido la consecuencia más que la causa. Un territorio sin propiedad documentada es un territorio cuyo uso nadie puede defender jurídicamente. Un territorio por donde el Estado nunca pasa es un territorio donde alguien más terminará organizando la regla. Lo que hoy llamamos Solino a reconstruir es, por tanto, en realidad un equilibrio defectuoso que terminó por ceder, y no un orden sano brutalmente interrumpido.

Esto cambia la pregunta. «Reconstruir», en sentido literal, equivaldría a restablecer la configuración que produjo la caída. Evidentemente, nadie desea esto, aunque a menudo es lo que ocurre, porque la pendiente de la facilidad es reconstruir de forma idéntica lo que el recuerdo guarda y lo que los derechohabientes reclaman. La alternativa, «refundar», conlleva sus propios riesgos: una refundación decidida desde arriba, con plano de ingeniero y reconfiguración autoritaria de la trama urbana, abre la puerta a lo que Beirut conoció con Solidere en los años 90, un centro reconstruido del que los antiguos habitantes fueron excluidos poco a poco, un espacio materialmente impecable y socialmente vaciado. La historia no es haitiana, pero la advertencia sí lo es.

Y esta advertencia tiene aún más peso porque Solino no es un barrio aislado. Es una muestra de esa constelación de barrios populares que han servido, desde hace al menos tres décadas, a la economía política haitiana. La historia reciente, la que está documentada, muestra vínculos repetidos entre las dinámicas territoriales de los barrios populares y los usos políticos o criminales que se han hecho de ellos. Jamaica formalizó este modelo hasta darle un nombre, las garrisons constituencies, cuya literatura académica, de Obika Gray a Laurie Gunst, ha reconstruido minuciosamente la genealogía. Haití no ha tenido ese nivel de formalización, pero el fenómeno de las «bases», el empleo de jóvenes de barrios populares en funciones de movilización o de protección, y luego la aparición de bandas territoriales como Grand Grif en el Bajo Artibonito, todo esto pertenece al dominio de lo que puede citarse sin suposición.

En este marco, reinvertir en Solino con algunos equipamientos y un discurso de relanzamiento es correr el riesgo de renovar, sin saberlo, el acuerdo que produjo la caída. Es poner la zona en un estado de funcionamiento suficiente para que la vida se reanude, sin tocar las condiciones estructurales que la convertían en un terreno fértil para cualquiera que decidiera servirse de ella. La reconstrucción cosmética no preserva la paz, la debilita dándole la apariencia de restablecimiento. Permite a los actores políticos pasar página, cuando ni siquiera la página ha sido escrita.

Porque hay un fenómeno, documentado por Charles Tilly durante un largo período, que hay que nombrar: la rutinización de la violencia colectiva. En cada ciclo, el umbral de lo admisible sube. Los zenglendos de los años 90 operaban todavía en una lógica de depredación individual; los chimè politizaron la violencia pero la contuvieron en marcos clientelistas; Viv Ansanm cruza un escalón adicional, en coalición, en control territorial duradero, en desafío frontal a la soberanía. En cada escalón, lo que era impensable en el escalón anterior se convierte en la nueva línea de base. No es una fatalidad psicológica, es un fenómeno de memoria social: la generación siguiente opera desde lo precedente, no desde el origen. Si Solino se reconstruye sin refundar el contrato que lo gobierna, el próximo ciclo, si ocurre, partirá de Viv Ansanm como norma, no como excepción.

Es por ello que lo que Solino necesita, antes de cualquier programa, antes de cualquier presupuesto, antes de cualquier anuncio cifrado, es un método. Un método que no separe el diagnóstico de la acción, que no trate «lo que hay que comprender» y «lo que hay que hacer» como dos tiempos sucesivos, sino como dos caras de un mismo gesto. Este método se despliega en cinco capas articuladas: física, catastral, demográfica, económica e institucional, cada una portando a la vez su propia observación y su traducción operativa, cada una llamando a la siguiente.

La primera capa es física, y es también la más inmediatamente decisiva. Ante todo, hay que establecer una cartografía detallada del terreno: topografía, pendientes, comportamiento de los suelos, zonas inundables, calidad portante de lo construido restante. El Solino de antes de las bandas ya tenía una parte significativa de su edificación construida sobre terrenos que nunca deberían haberlo sido, al borde de las barrancas, sobre suelos inestables, en bolsas expuestas a la escorrentía. Esta cartografía no conduce a un informe que se archiva, conduce inmediatamente a una decisión: lo que debe ser arrasado por ser reconstruible en otro lugar, lo que debe ser reconfigurado por ser reparable con una intervención estructural, lo que debe ser abandonado como zona no edificable y transformado en espacio público o en vialidad. Esta decisión no es únicamente técnica, toca la memoria de los lugares y las pertenencias, y supone una consulta a los habitantes que es en sí misma un acto de reconstrucción social, porque los vuelve a poner en posición de sujetos de su lugar y no de objetos de un proyecto. La audacia sin cartografía es brutalidad. La cartografía sin audacia es gestión. La primera capa plantea ambas juntas.

La segunda capa es catastral o de tenencia de la tierra, y es en esta capa donde se inclina gran parte de lo que marca la diferencia entre una reconstrucción cosmética y una reconstrucción fundadora. Se trata de establecer quién ocupaba qué, con qué título y desde cuándo. Títulos oficiales, posesiones documentables por testimonio, ocupaciones preexistentes reconocidas por la comunidad. Pero esta observación no tiene sentido si no va seguida, en el mismo aliento, por la regularización catastral sistemática, con registro en la DGI, reconocimiento de los usos antiguos y entrega de títulos oponibles. Perú llevó a cabo una operación comparable con el COFOPRI en los años 90, con todas las críticas que se quieran sobre su mercantilización, pero demostrando que una regularización masiva es factible en pocos años. Para una población que acaba de ser expulsada, que ha perdido hasta los papeles que probaban su existencia administrativa, el título de propiedad es más que un documento jurídico. Es el reconocimiento público de que unas personas vivieron allí, construyeron allí, pertenecen a ese lugar. Hace a su portador jurídicamente defendible, económicamente visible, fiscalmente identificable. Es la llave que abre todo lo que seguirá.

La tercera capa es demográfica, y su dificultad propia es mayor de lo que parece. Quién ha regresado ya, quién quiere regresar, quién se ha reinstalado en otro lugar de forma duradera, hacia las alturas de Delmas, hacia Pétion-Ville, a veces Tabarre, a veces la República Dominicana cuando las redes familiares preexistentes lo hacían posible. La población de referencia no está reunida en un campo donde se la podría contar; está dispersa en una miríada de arreglos de fortuna, en casa de una tía, en una habitación alquilada, en una casa que ya acoge a tres familias. Un censo específico, realizado en colaboración con las organizaciones de base, las iglesias y las escuelas que han mantenido el contacto con los desplazados, es la única forma de ajustar la oferta de reconstrucción a la demanda real. Este censo no vale como estadística, vale como calibración: las cifras hoy adelantadas, mil viviendas, varios miles de jóvenes, flotan sin anclaje empírico mientras no se coloque esta capa. Y conlleva una decisión. Si la población que quiere volver es de trescientos hogares y no de mil, reconstruir para mil es fabricar el barrio-dormitorio que nadie quería. Si es de dos mil, es condenar a la mitad de los derechohabientes a quedarse fuera. Observar para calibrar, calibrar para decidir, en un solo gesto.

La cuarta capa es económica, y es la que sostiene la reconstrucción del tejido productivo en el sentido más concreto. Hay que cartografiar las cadenas de subsistencia de antes, comprender cómo funcionaban los talleres, los comercios, los vínculos de empleo, identificar lo que puede reactivarse, lo que se ha perdido definitivamente, lo que debe ser reemplazado por otra cosa. Pero esta cartografía, una vez más, solo vale en cuanto autoriza una decisión de estructuración activa, y esta estructuración se juega simultáneamente en dos planos: el de la cadena productiva y el de la infraestructura financiera que la hace viable.

En el primer plano, la formación en los oficios de la construcción, si se hace en un aula durante meses antes de que los jóvenes vuelvan a buscar un empleo que no existe, reproduce el fracaso clásico de los programas de formación profesional haitianos. La alternativa es pensar la propia obra como escuela: los jóvenes de Solino reconstruyen Solino, supervisados por maestros de obra, la reconstrucción se convierte en la certificación y, al hacerlo, rehacen el barrio como propio. La materialidad del gesto produce el vínculo social, y no a la inversa. Pero una obra-escuela no crea una cadena productiva. Para que la competencia adquirida produzca empleo duradero, es necesario que se constituyan, a partir de los jóvenes formados, cooperativas o PYMES de la construcción arraigadas en el barrio, capaces de licitar en mercados públicos más allá de Solino una vez pasado el periodo de arranque. Esto supone una ingeniería que va más allá de la formación: acompañamiento en la estructuración jurídica, alianzas con centrales de compra para los materiales, certificación técnica reconocida y una cláusula de contenido local oponible inscrita en cada contrato público para la reconstrucción, no como recomendación sino como cláusula contractual cuyo incumplimiento conlleve penalización. Esta cláusula existe en otros lugares, en las concesiones mineras chilenas o peruanas, en ciertos programas de desarrollo urbano. Sin ella, la formación es un gasto, no una inversión. Con ella, la cadena productiva existe porque tiene el encargo para desplegarse.

En el segundo plano, el de la infraestructura financiera, la reconstrucción económica de Solino puede apoyarse en un recurso que las generaciones anteriores de urbanistas no tenían a su disposición: la integración financiera digital. Cuatro modelos, en contextos muy diferentes, convergen hacia una misma arquitectura: WeChat Pay y Alipay en China, PromptPay en Tailandia, UPI en India, M-Pesa en Kenia. El mecanismo se explica en pocas palabras. La vendedora de fritay no necesita una cuenta bancaria clásica abierta en una agencia de Delmas. Necesita un código QR en su puesto. El cliente paga con su teléfono. El dinero llega a un monedero móvil que puede servir inmediatamente para pagar de nuevo al mayorista, liquidar la electricidad, enviar a la familia en provincia, comprar el material para la obra vecina. La desmaterialización es completa, el efectivo se vuelve residual. Haití ya dispone de la infraestructura técnica con MonCash y NatCash; lo que falta no es la tecnología, es la densificación del uso a escala de un barrio entero, apoyada por un programa proactivo de equipamiento de los comercios y formación para el uso. Cada transacción deja una huella, y esta huella constituye un historial. Seis meses de historial de ingresos diarios, documentados y regularizados, permiten otorgar a la vendedora un microcrédito calibrado según su flujo real, que su título de propiedad viene a completar como colateral si el monto lo justifica. El perfil de riesgo se invierte: cuanto más transacciona, más visible se vuelve para el sistema financiero, más accede a productos que consolidan su actividad. Y esta infraestructura produce un efecto lateral que sería necio ignorar: la economía de las bandas se basa en el efectivo, en la liquidez sin rastro, en la posibilidad de chantajear a un comerciante cuyos ingresos son invisibles. Un barrio donde los pagos son mayoritariamente digitales es un barrio donde la extorsión cotidiana pierde eficacia. No es una protección absoluta, ningún dispositivo lo es, pero es una fricción estructural añadida a la ecología económica del crimen.

Antes de abordar la última capa, hay que nombrar lo que mantiene unidas a las cuatro anteriores como promesa política y no como simple acumulación técnica: la dimensión simbólica. Medellín, bajo la administración de Fajardo a principios de los años 2000, instaló en sus comunas más degradadas edificios voluntariamente monumentales, confiados a arquitectos de primer nivel. Los Parques Biblioteca, de los cuales la Biblioteca España en Santo Domingo diseñada por Giancarlo Mazzanti es el ejemplo más conocido, asumían una tesis clara: los edificios públicos más bellos deben encontrarse allí donde la gente históricamente ha recibido lo peor. Es un giro simbólico, y produjo un efecto de réplica documentado, porque las otras comunas quisieron lo que Santo Domingo había recibido, y la presión política se volvió colectiva. En Solino, tal demostración podría tomar la forma de un centro cultural y educativo de alta calidad arquitectónica, con biblioteca, salas de trabajo, espacio de debate, equipamiento digital, laboratorios de idiomas y de programación. Un lugar donde los niños del barrio preparen sus exámenes en las mismas condiciones que los de Pétion-Ville, donde los adultos sigan formaciones, donde se celebren regularmente concursos de debate y encuentros intelectuales. No es estética, es la señal material de que otra jerarquía espacial es posible. Sin esta señal, el método sigue siendo técnico. Con ella, se vuelve político en el sentido pleno.

La quinta capa es institucional, y es la que cierra el círculo. ¿Quién lidera la integración de las cuatro anteriores? ¿A qué nivel del Estado se puede realizar el arbitraje cuando la capa catastral contradice la física, cuando la capa económica exige una elección que la demográfica no valida? ¿Bajo qué rendición de cuentas se realiza este arbitraje? Estas preguntas no son accesorias. Un diagnóstico sin autoridad de integración sigue siendo un documento. Y un documento, en Haití, se archiva. Pero esta capa conlleva también, en su traducción operativa, lo que es quizás la demostración más poderosa de lo que puede ser un Estado refundado a escala de un barrio: el ciclo fiscal visible.

La titulación de tierras crea propietarios. Los propietarios, visibilizados por la bancarización digital, se convierten en contribuyentes de manera no punitiva. La DGI ya no percibe una cuota fija arbitraria, sino que calibra una contribución proporcional a un flujo documentado, con una tasa baja compensada por una base ampliada: contribución sobre la propiedad edificada, patente, TCA sobre los comercios registrados. Y, es aquí donde la refundación del contrato se vuelve tangible, una parte identificada de esta recaudación se destina al propio barrio, en servicios visibles: la escuela que funciona con comedor, la vialidad que se mantiene, la recogida diaria de basura, el puesto de salud abierto día y noche, el alumbrado que funciona, el agua a menos de doscientos metros de cada vivienda. El ciudadano ve su impuesto regresar. Es esta visibilidad del retorno lo que legitima al Estado como actor económico y no solo como fuerza de seguridad. No es una especulación: las federaciones urbanas colombianas experimentaron este mecanismo a partir de los años 2000, y es una de las razones por las que los habitantes de las comunas desfavorecidas de Medellín terminaron pagando sus impuestos prediales. Porque veían, calle tras calle, lo que eso producía.

La seguridad debe entonces pensarse no como presencia, sino como arquitectura y como contrato. Las Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro, citadas un tiempo como modelo, se derrumbaron precisamente porque se basaban en una presencia policial sin contrapartida contractual con los habitantes y sin articulación con los otros segmentos de la cadena penal. La alternativa es hacer de la presencia de seguridad uno de los términos de un pacto local explícito, renovable, cuya ruptura sea pública: los habitantes se comprometen a informar, a cooperar, a participar en comités de seguimiento, a cambio de garantías sobre la permanencia de la protección. Este pacto solo es un mecanismo de corresponsabilidad si se inscribe en una arquitectura que vincule policía, inteligencia y justicia en un dispositivo permanente. Sin esta articulación, la reconfiscación territorial por las bandas no es una hipótesis lejana, es la trayectoria más probable.

Queda por decir lo que este artículo no pretende ser. No es una hoja de ruta operativa, no es un plan de ejecución, no es una nota de política pública. Es un método, propuesto a debate, que se sostiene o no como tal. Ninguno de los dispositivos haitianos actuales, tomados de forma aislada, está estructurado para dirigir una operación integrada de esta naturaleza. El MPCE producirá su capa de planificación, el Ministerio de Deportes y Acción Cívica sus programas de juventud, la Alcaldía su parte de urbanismo, la DINEPA su red de agua, la policía su dispositivo de seguridad. Cada uno llenará sus informes de ejecución. La integración, que es la esencia misma del asunto, no habrá tenido lugar en ninguna parte. No es que falte voluntad, es que falta un marco.

Este marco puede inventarse pensando en Solino. También puede no inventarse, en cuyo caso la reconstrucción de Solino no habrá sido más que el intervalo entre dos destrucciones. Ya hemos vivido varias de ellas. La diferencia, esta vez, es que el método existe si se elige, y que esa elección no es técnica. Es política, en el sentido más sobrio del término: es la cuestión de saber si el Estado quiere demostrar que es capaz de reaparecer en algún lugar, de forma duradera e integral, como un Estado. Solino puede ser el ejemplo. No lo será por la lista de cosas anunciadas, lo será por la coherencia de lo que se haga, en el orden en que las cosas deben hacerse.

Lo reproducible es el método. No la cifra.